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18
Feb
2014

Conceden al observatorio panameño el premio Cortes de Cádiz de Igualdad

El Observatorio Panameño contra la Violencia de Género ha sido galardonado con la III edición del Premio Iberoamericano de Igualdad Cortes de Cádiz. El jurado estuvo compuesto por la presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Clara Martínez; la directora de la División de Asuntos Sociales de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Beatriz Morán y la presidenta del Grupo Día, Ana María Llopis.

El jurado falló “por unanimidad” –reza el acta– concederle el premio al Observatorio Panameño contra la Violencia de Género por su “trayectoria y contribución a la aprobación de la Ley del Femicidio”.
Asimismo, aprobó “conceder dos menciones especiales a Ana Peláez, por su divulgación del trabajo en materia de Igualdad y la labor de visibilización de las mujeres con discapacidad, así como a Norma Cruz, por ser estandarte de la lucha en pro de las mujeres, en especial, su lucha contra la violencia en todos sus aspectos”.
Este premio, que nació a raíz de la celebración en Cádiz a finales de 2010 del XI Encuentro Iberoamericano de Magistradas, cuenta con la colaboración de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo General del Poder Judicial, a través de su Comisión de Igualdad, y se entregará en el transcurso del acto que cada año el Ayuntamiento de Cádiz celebra en el mes de marzo para conmemorar el aniversario de la Constitución de 1812. 
Los Premios Iberoamericanos Cortes de Cádiz, puestos en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz hace más de una década, constan de doce modalidades y tienen un marcado carácter iberoamericano. El objetivo es difundir los trabajos de investigadores, creadores y personas que destaquen en diversos campos, entre otros, la ciencia, arte, política y empresa. Estos galardones pretenden destacar la importancia que tuvo Cádiz en los años de las Cortes, cuando era un punto de encuentro de la vanguardia española, europea y americana.
  Observatorio Panameño contra la Violencia de Género            
El Observatorio Panameño contra la Violencia de Género está adscrito a la Defensoría del Pueblo y está presidido por la Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, que recogerá el premio en Cádiz.
Dentro del marco del proyecto ‘Actuación integral con víctimas de Violencia de Genero” que ejecutó el Fondo Mixto Hispano-Panameño de Cooperación con la Procuraduría de la Administración y el Ministerio de Desarrollo Social, surgió la iniciativa de crear en Panamá un Observatorio Panameño Contra la Violencia de Género, (en adelante OPVG,) como un organismo interinstitucional adscrito a la Defensoría del Pueblo.
           
Dicha iniciativa surgió producto del diagnóstico arrojado por sendos trabajos de consultorías realizados por expertas investigadoras nacionales e internacionales, cuyas conclusiones coincidieron en que la creación del OPVG contribuiría en gran medida a reducir el tratamiento y erradicación de este problema. El 21 de mayo de 2009 se aprobó el convenio de creación del OPVG.
           
En Panamá, como en otros muchos países del mundo, subsistían deficiencias en el tratamiento institucional de la violencia de género, tales como la falta de constancia en la coordinación y comunicación interinstitucional, un registro de datos estadísticos actualizado que se refiera específicamente a la violencia de género e incluya todos los componentes necesarios con un criterio uniforme de captación y análisis de la información. Estas deficiencias impedían la elaboración de una información plena que permitiera fijar prioridades, formular y aplicar programas y políticas públicas que ayudasen a erradicar esta lacra social.
            Con la creación y puesta en funcionamiento del OPVG se dio un importante paso en este tema y se ratificó el compromiso de Panamá como estado en contra de la violencia contra las mujeres, manifestación de la más brutal desigualdad entre hombres y mujeres.            
El OPVG contribuyó a la aprobación de la Ley del Femicidio, que en palabras de la Defensora del Pueblo supone “un gran paso en la protección de los Derechos Humanos de las mujeres”.
           
  Los datos que recaba el OPVG son analizados y difundidos con gran repercusión en la opinión pública que permite contribuir a la sensibilización y adopción de medidas de prevención y protección y es una institución que sirve como modelo de buenas prácticas en la lucha contra la violencia contra las mujeres.
 

Ana Peláez Narváez
(Zafra, octubre de 1966)
           
Ciega de nacimiento, cursó sus primeros estudios en un colegio de la ONCE de Sevilla para continuarlos a partir de la educación secundaria en la enseñanza ordinaria, con la experiencia de estudiar también fuera de su país en el Liceo Saint Ubert, de Bruselas.              
Simultaneó sus estudios universitarios de Ciencias de la Educación y Psicología, licenciándose en 1992 en ambas carreras por la Universidad de Sevilla. Poco después cursaría el Máster de Postgrado en Necesidades Especiales de las Personas con Discapacidad y cursos de doctorado en la Universidad de Salamanca, compaginando sus estudios superiores con sus primeras responsabilidades laborales en la ONCE de la misma ciudad.

En mayo de 2000 empieza su trayectoria profesional en el ámbito de las relaciones internacionales tras haber sido elegida ese año Consejera General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). También entonces comienza su participación en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de España (CERMI). Desde entonces hasta el momento presente, compagina su trabajo en ambas organizaciones con otras que se han venido sumando también desde el ámbito internacional, siendo especialmente relevante el papel que desarrolla en la actualidad en Naciones Unidas.  

Norma Angélica Cruz
(ciudad de Guatemala, septiembre de 1962)
             
Norma Angélica Cruz Córdoba, es una activista Guatemalteca reconocida por su lucha en pro de las mujeres. Nació en la ciudad de Guatemala en septiembre de 1962. A partir de 1977 durante su época estudiantil funda y dirige junto a otros compañeros, una asociación escolar en el instituto María Luisa Samayoa Lanuza, en la que participa hasta el año 1980.
              En 1982 por persecución política se ve obligada buscar el exilio en Nicaragua junto a su esposo Miguel Hernández donde forma parte de la Coordinadora Centroamericana Monseñor Romero.
De 1988 a 1993, ya de vuelta en Guatemala participa como miembro fundador y del consejo de la Oficina de Servicios Múltiples de la Conferencia de Religiosos de Guatemala. En 1991 dirige la Asociación para la Educación y Desarrollo y, a partir de 1994 y durante una década asesora la Unidad de Asentamientos de Guatemala y el Frente de Pobladores de Guatemala. En 1996 funda la Casa de Servicios en Derechos Humanos, Agrarios y Laborales.
En 1999 participa y apoya a su hija Claudia María en el proceso legal de violencia sexual que sufrió (la hija). En base a la experiencia personal con su hija y su participación en ese proceso, se agudiza su labor de servicio hacia más mujeres abusadas lo que le motiva en el año 2003 a fundar la Asociación Sobrevivientes, de la cual es directora actualmente.
Durante estos años la Señora Cruz y la Fundación han atendido a miles de mujeres en casos de violencia y abusos llevando dichos casos ante los tribunales correspondientes por medio de la Oficina Legal de la Fundación.              
Fue propuesta en el 2005 para recibir el Premio Nobel de la Paz, y es creadora de diferentes reconocimientos en el ámbito nacional e internacional por los procesos de la Teología de la Liberación, en una coyuntura convulsionada por el conflicto armado interno.